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Analizan la documentación secuestrada durante los allanamientos en las propiedades de la ex diputada Anabela Lucero y su pareja, el diputado Joaquín Beltrán

En la vivienda de uno de los denunciados hallaron contratos y facturas que pertenecen a uno de los eventos que organizó la gestión anterior. Otros papeles fueron tirados a un basural y quemados.

Anabela Lucero y Joaquín Beltrán.
Actualizada: 20/11/2024 09:38
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Entre los elementos que se encontraron durante los allanamientos que ordenó la Justicia el pasado viernes en la causa que involucra a la ex diputada provincial Anabela Lucero por el vaciamiento del Molino Fénix y la Casa de la Música, se secuestró documentación para la investigación.

Se trata específicamente de facturas y contratos que firmaron artistas invitados a uno de los eventos masivos que se realizaron durante la gestión, según informó el fiscal, José Olguín.

Explicó que los papeles serán analizados y contrapuestos con otra información para “rearmar qué sucedió con la administración y otros gastos”.

“Hoy vamos a hacer el análisis de esa documentación y por qué se encontraba en poder de estas personas. Vamos a ver qué valor, qué razón tienen y a partir de ello, también seguir con la reconstrucción buscando a través de documentación entrecruzada”, dijo.

De una cantidad de eventos como “Rock en la Casa”, “Trap en la Casa”, y “Feria Industrial”, que tuvo un costo multimillonario, sólo existen registros de uno, y está a medias: “Tenemos muchos gastos realizados en combustibles y en mercadería, los cuales no tenemos ningún recibo de cómo fueron abonados, si salieron del fondo del Molino Fénix o de la Casa de la Música”. Tampoco se encontraron elementos que indicaran la cantidad de personal que trabajó en ese momento.

“Vamos a cotejarlos con cuentas bancarias e información que podamos sacar de otro lugar. Vamos a ir al Tribunal de Cuentas para ver si durante los años anteriores hubo algún tipo de rendición o declaraciones para tratar de reconstruir la información que no se encuentra ahí. También hablaremos con proveedores para ver de esa manera los gastos que se hicieron y cómo se hicieron”, señaló.

Según el fiscal, pudo acreditarse que el resto de los archivos que faltan, tanto de los eventos como de gastos que realizaba la administración fueron “en parte quemados y en parte retirados con un flete y tirados en un basural”.

“Un testigo manifestó que un día llegaron, había una serie de bolsas con papeles en el lugar y les pidieron que las tiraran en el Kilómetro 4”, detalló.

Este martes se llevaron adelante una serie de entrevistas con la conducción actual del complejo para cotejar los papeles y continuar con el proceso de averiguación.

“Estamos recién empezando, debemos buscar la información porque la documentación que debería estar, que respalda la actividad de un funcionario o de cualquier persona que administra un bien ajeno, no existe”, dijo y agregó: “Lo que buscamos es reconstruir toda la actividad que hubo en ese sector público durante los últimos tres o cuatro años”.

A principios de este año, la secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, que está a cargo de Ricardo Bazla, inició un proceso de auditoría que confirmó la existencia de un sinnúmero de irregularidades. La nueva administración realizó la denuncia penal el 20 de marzo, y los ocho allanamientos que se hicieron el pasado viernes son el resultado de la investigación.

En las requisas también se hallaron equipos electrónicos que fueron robados del edificio unos días antes del cambio de gestión. Entre ellos, parlantes, luces y una consola.

Lucero tenía el control político del organismo que dirigió su pareja, el actual diputado Joaquín Beltrán, quien se desempeñó como director del complejo hasta el cambio de Gobierno.

Beltrán, el hermano de ella, Enzo Lucero (jefe de Eventos), Exequiel Alberto Scarel (coordinador de la Casa de la Música) y Diego Emanuel Torres (coordinador de Teatro) figuran en la denuncia como sospechosos de cometer los delitos de violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado.

“Tenemos además elementos y estimaciones de que en el lugar se hacían, por ejemplo, bolsas de alimentos para campañas políticas, que ahí se armaban”, añadió el fiscal.

Manifestó que un ex empleado reconoció que se utilizaba como depósito de esas bolsas “y además se les obligaba a participar de estas cosas”.

Mencionó también el encuentro que tuvo con Beltrán y Lucero el pasado viernes en la vía pública, luego de salir del Poder Judicial. Relató que el diputado le consultó por elementos personales que habían sido secuestrados durante un procedimiento que se llevó adelante en su vivienda. Olguín respondió que hiciera las presentaciones correspondientes y en la semana se gestionaría una respuesta a la solicitud.

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